El acuerdo fue firmado por Javier Arévalo, la máxima autoridad del Poder Judicial, quien destacó la importancia de brindar a los expresidentes las condiciones adecuadas para enfrentar los procesos judiciales en curso.

La sala judicial tendrá una superficie total de 760 metros cuadrados, con áreas designadas para magistrados, acusados, defensa, testigos y para que los expresidentes aguarden antes de ser llamados a la audiencia. Además, se incluirán espacios para el público y la prensa, lo que permitirá una mayor transparencia en los procedimientos judiciales.

Actualmente, el penal de Barbadillo alberga a tres expresidentes condenados. El más antiguo de ellos es Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por su participación en el asesinato de 25 peruanos, incluyendo un niño, durante su mandato. Otros expresidentes, como Alejandro Toledo y Pedro Castillo, también enfrentan procesos judiciales por delitos de corrupción y otros cargos.

Aunque ahora en libertad, el exmandatario Ollanta Humala (2011-2016) estuvo preso en la cárcel presidencial varios meses entre 2017 y 2018 mientras era investigado por presunto lavado de dinero que habría recibido de Odebrecht para su campaña presidencial. La fiscalía pide 20 años de prisión para Humala en un juicio que empezó en 2022.

La prisión de los mandatarios se estrenó en 2007, está ubicada en una zona alejada de Lima, tiene 10.000 metros cuadrados y es una de las pocas cárceles que no sufre la superpoblación que afecta a 49 prisiones peruanas.

El recinto también alberga a los presos más costosos, según datos oficiales. En 2020 la administración penitenciaria de Perú informó que se gastaba 189.000 dólares anuales para cuidar la cárcel que cuenta con 17 funcionarios, enfermera y ambulancia permanente.

Diario Las Américas