¿Cuánto le cuesta a México el exceso de burocracia, trámites y regulaciones? Tristemente, nos hemos acostumbrado al maltrato y abuso en servicios cotidianos. Me atrevo a afirmar que uno de los pendientes más relevantes, pero también menos comentados, que tienen los gobiernos de todos los niveles y de todos los partidos y colores de las últimas cuatro décadas, es el poco avance en desburocratizar la relación entre las ventanillas públicas y los ciudadanos y empresas. Después de todo, no es caro reducir la burocracia y mejorar la experiencia del ciudadano, al contrario, es un “ganar-ganar”. A partir de Zedillo y Fox se dieron algunos pasos iniciales que parecían prometedores y se veían bien en el papel. Se empezó a transparentar y tecnificar el servicio público; se habló de reducción de trámites y de simplificación. Parecía que los avances se seguirían dando al mismo paso que la tecnología mejoraba. Sin embargo, la inercia del gran dinosaurio encarrerado y la correlación tóxica entre opacidad y complejidad burocrática con corrupción, hicieron que mantuviéramos la cultura del triplicado sin mayor motivo que el de algún burócrata que cree que así se gobierna y así se demuestra e impone la autoridad. En México, el estado no tiene el monopolio de la violencia para garantizar la seguridad; pero sí tiene el monopolio de la burocracia y la tramititis para perpetuar un falso sentido de “administración pública” y control. Se nos hace normal que alguien nos pida original y tres copias, comprobantes de domicilio, dos identificaciones, papeles notariados, número de CURP, constancia de situación fiscal, entre otros, para un trámite o servicio que NO ES una solicitud para instalar una base militar rusa con reactor nuclear y campo de pruebas para armas químicas junto al palacio de gobierno local.
Con la cantidad de avances tecnológicos, parece ridículo que se siga percibiendo, en muchos trámites y servicios de gobierno, en todos niveles, poco o nulo avance en mejorar la experiencia del usuario. De pronto, tal vez con la excusa del Covid-19, pareciera que hemos retrocedido un par de décadas. ¿Quién creció en Saltillo en los años 80’s que no recuerde la aventura para sacar o renovar un pasaporte? Había que ir a sacar las fotos tamaño pasaporte con fondo blanco, sin sonrisa y frente descubierta, recopilar distintos documentos, en algunos casos redundantes, para comprobar identidad y emprender el viaje a Monterrey. Ahí, en la delegación de Relaciones Exteriores, atrás del Hospital San José, bajo los agradables rayos del sol a unos 40 grados centígrados en verano, o la llovizna helada de invierno, hacer la fila de varias horas, donde se acercaban tramitólogos que por una propina te ayudaban a llenar correctamente la solicitud. La experiencia era de un día entero y de un estrés familiar elevado; después de todo, nadie sabía que esperar del gobierno, de esos servidores públicos que había que tratar mejor que a un agente de migración americano en el puente. Después de la aventura, salías con pasaporte en mano (si todo salía bien), agradecido (o resignado) de un sistema podrido con el que hemos (sobre) vivido tantos años.
Ahora que se acercan los tiempos de campañas y en el que todo político de medio pelo (como Anaya, por ejemplo) para arriba (como Enrique de la Madrid, otro ejemplo) trae tantos planes espectaculares para hacer de México un nuevo Noruega, con vehículos eléctricos, energías alternativas o crecimiento económico fenomenal nunca antes visto, tal vez habría que recomendarles aplicar algo de sentido común para primero demostrar que están dispuestos a hacer cambios en los temas simples que tienen alto impacto para los ciudadanos, como son los trámites inútiles, las filas múltiples y eternas, la retención criminal de IVA a empresas, las oportunidades de mordida por exceso de trámites y requisitos. Si tan solo pensaran en el votante como un cliente.
En 2019, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó Acciones de Simplificación de Trámites. En el documento proponen medidas para mejorar la experiencia e interacción del usuario (el ciudadano y las empresas) de trámites y servicios públicos. Nada de lo que publicaron ahí es extraordinario y, sin embargo, pareciera que cayó, una vez más, en oídos sordos o cerebros en pausa. Las recomendaciones eran simples: Eliminación de trámites (si no agrega valor, elimínalo); establecer la afirmativa ficta (si la autoridad no responde, entonces se da por aprobada en favor del ciudadano o la empresa); reducción de requisitos, datos o documentos; entre otros. No pude encontrar evidencia de mejoras en simplificación administrativa desde 2019 a la fecha. Tal vez me equivoco, aunque mi evidencia cotidiana indica otra cosa. Sugiero los candidatos incluyan esto en sus planes grandiosos.