Complejidad. Esta palabra define rápidamente la situación en la que se encuentra el desarrollo de lo público. Complejidad y corrupción, ahí los primeros lugares en la agenda nacional.
En esos temas, el discurso dominante indica –casi como verdad absoluta-, que no puede esperarse un comportamiento ético de parte del servidor público. No de manera espontánea ni en cantidades significativas. Es como si todo aquél cuento que inició por allá en los ochentas, del reacomodo en el quehacer gubernamental y la larga cadena de candados que se han inventado, no permitiera conclusión diferente: los buenos son menos, los contrapesos insuficientes.
Por ello es que ahora hablamos de sistemas. Ojo: ya no de ampliar facultades o esperar coordinación. El asunto es tal que se requiere –así ha sido la decisión- de la interacción permanente de distintas piezas alrededor de un tema, entidades creadas con agentes externos a lo gubernamental y una alta dosis de tecnología. No se pudo caminar pero, ahora, se habla de una urgencia por correr. Ya veremos cómo resulta la propuesta.
Mientras tanto, al día de hoy en todas las entidades federativas, el meollo está en que se espera conformen un “Sistema Estatal Anticorrupción”. Y, en eso, Coahuila va en los últimos lugares.
Esta no es noticia nueva. Hace más de un mes el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó sobre varios estados donde el asunto no parecía avanzar (VANGUARDIA, marzo 3, 2017). Y Coahuila estaba ahí.
Ciertamente a finales de febrero se instaló una mesa de trabajo para la implementación donde, se dijo, habría representantes de la sociedad civil y hasta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero ha pasado el tiempo y todo indica se trató de un evento para la foto. El Congreso ha habilitado un micrositio por internet para conocer algunas propuestas, pero ahí murió el asunto. Mucho ruido, pero nada de reformas.
No tanto el atraso, sino el contexto en el que se da. Ahí está la preocupación. No parece ser un asunto de falta de pericia ni el (tan argumentado) “estudio a detalle” de las propuestas existentes lo que podría estar frenando el Sistema Local. La situación electoral en la que se encuentra Coahuila hace pensar que hay un fondo político… Y, ahí sí, hay que tener cuidado.
Miremos una referencia adicional: el Instituto para la Transparencia, ICAI le dicen, ha venido trabajando sin uno de sus integrantes dentro del Consejo General. Tanto como si la ausencia de uno, no se notara. ¿Qué esperan las instancias involucradas para completar este organismo (formalmente) autónomo, semillero de candidatos?
Si el Congreso anda esperando se resuelva la elección para ocuparse del tema, podría estar generándole un problema de legitimidad al Sistema Anticorrupción.
Al calor de las elecciones, las acusaciones se han multiplicado. Viendo el lastre que sigue siendo la deuda, la oposición ha sembrado la duda en muchas de las piezas que tendrían que ser llamadas a formar el tan llevado y traído Sistema Estatal. Los señalados, salvo alguna excepción, no han ni metido las manos en defensa propia.
Por eso es que el discurso dominante insiste en que no puede esperarse un comportamiento ético de parte del servidor público. No del gobierno, no de los Congresos. La coyuntura electoral está presente y toca a todos: luego resulta que hasta los consejeros electorales se foguearon apoyando campañas. El beso de Judas.
Ahí un gran pendiente local: el Sistema Estatal Anticorrupción.
@victorspena