Enfrentar las imputaciones judiciales o los cuestionamientos mediáticos apelando a la sensibilidad, es cosa más o menos frecuente en cada escándalo de corrupción. Es alegato casi siempre unido al de acusar un ardid político en la exposición de la apología que articula quien se ve ante el tribunal judicial o de la opinión pública.
Esa fórmula puede ser eficaz en ocasiones, pero en el caso de Rosario Robles fue una trampa: al asegurar falaz de habitar un solo domicilio en Coyoacán desde hace 24 años, apelando al sentimentalismo al añadir que ahí vio crecer a su hija, se hundió: la fiscalía estaba preparada para demostrar que en un trámite oficial, la gestión de la licencia de conducir, la exfuncionaria ofreció una dirección distinta, la localizada en Auditoría Superior de la Federación
La mentira tuvo otro alcance al acreditarse en la edición más reciente del semanario Proceso que, en esos 24 años, ocupó al menos otros dos domicilios (Reforma 6 en la colonia Tizapán y, Reforma 222), lo que fue confirmado por su propio abogado, Julio Hernández Barros.
Aun peor resulta que, para el contrato de arrendamiento en Reforma 222, Rosario Robles haya aportado una domicilio en Torreón, Coahuila, que pertenece a Susana Islas, accionista de una empresa identificada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como destinataria de recursos injustificados.
Lo anterior abre una línea de investigación que hasta ahora no se había explorado. La Fiscalía concentró la imputación en un delito de omisión, pero el domicilio de Torreón por primera vez la relaciona con uno de los destinos del desfalco. Esto es que no sólo mintió en la audiencia de imputación, sino que lo hizo en lo domiciliario, uno de sus flancos más vulnerables.
Su apología es costumbre, táctica aprendida: en 2004 alegó también el domicilio en Coyoacán y una cuenta de 3 mil pesos. Como entonces, ahora el contraste no resiste la prueba mínima del estilo de vida con una cuenta congelada por 20 mil pesos ya que, basta observar que, al anuncio de comparecencia, regresó desafiante del extranjero, con boleto comprado a Costa Rica y dos despachos nada económicos a su servicio.
La variante sentimental, una vez más con Rosario, acompaña la proclama de un ardid político. Es así en los casos de corrupción de los tiempos recientes: Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, despliega un esporádico activismo para acusar vendettas en su contra, lo mismo Emilio Lozoya quien dice ser víctima de un “ataque político cobarde y sin fundamento”.
Pero es en el caso contra Rosario y el esquema de desvío de recursos operado bajo su titularidad, en el que la historia política de los últimos 20 años propicia el argumento de la venganza como motivación de los procesos que, por lo pronto, llevaron a la otrora militante de izquierdas a descender de manera preventiva al infierno penitenciario.
Cierto es que entre los implicados en el caso que el portal noticioso Animal Político popularizó como “La estafa maestra” (medio que recién reveló que el departamento de Polanco es propiedad de otro exsecretario, Gerardo Ruiz Esparza), hay quienes como la propia Rosario y su colaborador, Ramón Sosamontes, fueron partícipes de aquel episodio de los videoescándalos que en 2004 cimbraron la candidatura presidencial que construía López Obrador y que sin duda terminarían pesando en el cauce de la elección de 2006.
También es cierto que enturbia la percepción –no necesariamente el proceso- el parentesco del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna con la diputada Dolores Padierna, cónyuge de René Bejarano que, entre los protagonistas de aquel episodio fue de los más expuestos con el video que le dio el mote de “El señor de las ligas”, filtrado por Carlos Ahumada quien hoy, en paralelo al caso Robles, enfrenta una denuncia por un tema fiscal ajeno al desfalco operado en el gabinete social del sexenio pasado.
La idea del sentido político y el alegato sentimental con domicilio único en falso, fue construida por Rosario Robles y su defensa, como una trampa en la que ella misma cayó, pues las mentiras y la inverosimilitud de los argumentos patrimoniales tuvieron un efecto adverso en la opinión pública y en el juzgador que la envió al penal de Santa Martha Acatitla, y eso que apenas contó con un solo elemento falsario.
(https://notassinpauta.com/2019/08/21/rosario-en-su-propia-trampa/).