Las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro pondrán en aprietos a las finanzas públicas del país, las cuales ya han presentado debilidad en los ingresos públicos y un aumento en el endeudamiento para solventar el gasto.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que las reformas presentadas no solo son ambiciosas, sino que de aprobarse demandarán cambios profundos, en donde se asomaría una reforma fiscal que permitiera financiar las modificaciones, en especial lo que tiene que ver con el sistema de pensiones.
El tema que más resalta es el de las pensiones. La propuesta del Presidente es que los trabajadores que están bajo la Ley 97 –de cuentas individualizadas– puedan acceder a una pensión de 100% de su último salario, siempre que éste no rebase el promedio que reporta el IMSS, que al cierre del año pasado fue de alrededor de 16,700 pesos.
Para lo anterior, el gobierno propone el Fondo de Pensión para el Bienestar, el cual iniciará con capital semilla de 64,619 millones de pesos y se financiará a través de diversas fuentes cuya viabilidad no es segura.
“La iniciativa contraviene el objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro vigente actualmente, que fue garantizar la sostenibilidad fiscal del país”, aseveró el IMCO, que recordó que en 1997 se transitó de un esquema de beneficios definidos a uno de contribuciones definidas.
“Es decir, de un esquema en el que el Estado financiaba pensiones prácticamente idénticas al último salario de los trabajadores con cargo a los impuestos que pagaban los contribuyentes, a uno en el que cada trabajador financia su propia pensión con los ingresos obtenidos a lo largo de su trayectoria laboral”.
Agregó que, de ser aprobada, se responsabilizará al Estado de un pasivo que aumentará en la medida que incremente la población de 65 años y más en el país. Se espera que, en los siguientes 26 años, esta población pase de 11.4 a 24.9 millones.
“Este compromiso financiero se adquiriría en un momento en el que las pensiones ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto del sector público federal (22% del total, incluyendo las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores), por lo que un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país”.
Para garantizar la sostenibilidad de una reforma en pensiones, se demanda la implementación de políticas públicas fiscalmente responsables, progresivas y con una perspectiva de género que incrementen el número de personas adultas mayores que acceden a una pensión, así como sus montos.
Falta de transparencia
Otra de las reformas del Ejecutivo plantea subir a rango constitucional el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas insignia en la actual gobernación. El monto de dichas becas se calcula conforme el salario mínimo, el cual ha tenido un incremento real de 60% desde el 2019, recordó el IMCO.
“El programa ha recibido críticas por la falta de transparencia e inconsistencias en el registro del padrón de becarios. Además, la Auditoría Superior de la Federación ha reportado irregularidades en el gasto”, añadió.
Para este año, el gasto aprobado fue de 24,200 millones de pesos, 85% del presupuesto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). “Este cambio legislativo pondría una presión adicional en las finanzas públicas del país sin tener información sobre cuántos jóvenes que recibieron la capacitación han logrado incorporarse al mercado laboral formal. Es decir, se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada”.
Además de las reformas en pensiones y de Jóvenes Construyendo el Futuro, el IMCO detalló que otras seis más atentan contra la competitividad del país: el aumento anual por arriba de la inflación del salario mínimo; desaparición de órganos autónomos; la reforma al Poder Judicial; la electoral; y las reformas en materia de energía y agua.
Lo que tiene que saber de la iniciativa
- Se propone garantizar una pensión de retiro por vejez que sea igual al último salario del trabajador.
- No se eliminan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ni se tocan los recursos de las cuentas de los trabajadores.
- Se crea un Fondo de Pensiones para el Bienestar que servirá para completar las pensiones con el fin de que éstas asciendan a 100% del último salario del trabajador.
- La garantía de una pensión igual al último salario sólo aplica para aquellos trabajadores que ganen menos del salario promedio de cotización en el IMSS (16,777.78 pesos al mes).
- El Fondo iniciará con un capital de 64,619 millones de pesos y se financiará de diversas fuentes, como los recursos que se obtengan de la extinción de los órganos autónomos, así como de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial.