La Coalición de Trabajadores de la Educación informó que los Jueces Federales de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito, con sede en Saltillo, ordenaron en días recientes aplicar una multa de casi 20 mil pesos a Alejandro Treviño Saldaña, Director del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, luego de que el funcionario incurrió en desacato a la sentencia ratificada desde hace 10 meses, según la cual el citado Instituto debe pagar a 381 pensionados el reembolso de los descuentos inconstitucionales que les hizo como condición para recibir atención médica, acción indebida e improcedente toda vez que por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los pensionados ya no deben hacer aportaciones por ese concepto, puesto que para ello contribuyeron durante toda su vida laboral.
La referida sentencia, en cuyo desacato ha incurrido el funcionario, corresponde a juicios de amparo presentados desde 2016 por los promoventes, miembros de la Coalición de Trabajadores de la Educación.
Por diversas circunstancias la ratificación de la resolución judicial se retrasó varios años, hasta que finalmente se resolvió en abril de 2022, sin embargo, el Director del Instituto de Servicio Médico ha venido eludiendo el cumplimiento de la misma, por lo que los jueces le aplicaron las multas referidas, pero el funcionario ha reincidido en el incumplimiento de la sentencia, por lo que la Coalición de Trabajadores de la Educación ha solicitado a las autoridades judiciales que se turne el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para que se sancione al funcionario, con la consecuencia de que sea separado de su puesto e incluso consignado ante las autoridades.
Integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación expresaron que darán continuidad a la defensa de sus derechos de seguridad social y que una de las formas de lucha que seguirán implementando es la promoción de amparos para obtener la protección de la justicia federal ante las violaciones a esos derechos por parte del Gobierno de Coahuila, de la UAdeC, de la UAAAN y de las mismas instituciones de seguridad social del magisterio.