Genaro García Luna, el exfuncionario mexicano de más alto rango que ha sido juzgado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, fue declarado culpable este martes en una corte federal de Nueva York y ahora enfrenta una posible condena a pasar el resto de su vida en prisión.
El veredicto del jurado, que se alcanza luego de tres días de deliberaciones, ratifica las acusaciones de que, al mismo tiempo que García Luna encabezaba una sangrienta guerra contra el narco en México y era considerado un aliado clave del gobierno de EE. UU., estaba al servicio del poderoso Cartel de Sinaloa.
A García Luna, de 54 años, lo encontraron culpable de cuatro cargos relacionados con el tráfico de cocaína, incluyendo conspiración para distribuir dicha droga y participar en una empresa criminal vigente, así como de un quinto cargo por mentirle a un oficial en su proceso para obtener la ciudadanía de EE. UU.
Él se encuentra bajo custodia federal desde su detención a finales de 2019 en Texas y ha pasado los últimos años en una prisión de Manhattan. Allí permanecerá hasta que el juez Brian Cogan le dicte una sentencia en una fecha próxima .
El llamado “superpolicía” del sexenio del presidente Felipe Calderón, cuyo período abarcó de 2006 a 2012, fue juzgado en la misma corte neoyorquina y por el mismo magistrado que revisó el caso de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa y quien ahora purga una condena a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.
Más de 20 testigos cooperantes acudieron a la sala 8D de la corte federal de Brooklyn, incluyendo algunos de los criminales mexicanos más temidos, los cuales declararon que le dieron sobornos a García Luna a cambio de protección y ayuda policial para enviar varias toneladas de cocaína hacia EE. UU.
Desde el inicio, este juicio giró en torno a los testimonios de jefes de carteles que cumplen o cumplieron sentencias relacionadas con el tráfico de drogas. La principal crítica fue precisamente la falta de pruebas contundentes que incriminaran al acusado, como grabaciones telefónicas, textos, videos o fotos.
Saritha Komatireddy, una fiscal federal que encabeza el caso, le dijo al jurado en los argumentos de cierre que García Luna había sido un personaje esencial para que el cartel se volviera “el FedEx de la cocaína”, controlando incluso el aeropuerto de la Ciudad de México, el más grande de América Latina.
Eso sucedió cuando fue titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox (de 2000 a 2006) y secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón (2006-2012).
“Las evidencias han probado que Genaro García Luna era un político inteligente, ambicioso, poderoso y egoísta… que obtuvo millones del Cartel de Sinaloa”, dijo Komatireddy.
Aunque García Luna se hacía pasar en ambos países como un héroe en el combate a las drogas, él se encargó de que el Cartel de Sinaloa recibiera información sobre investigaciones, tuviera paso fácil para sus cargamentos de cocaína y, en ocasiones, permitió que usaran uniformes, placas y vehículos de la AFI. Los propios agentes descargaban ladrillos de cocaína que llegaban en jets privados y aviones de carga al aeropuerto Benito Juárez, y también actuaban como sicarios, se mencionó en la corte.
“Sin el apoyo de Genaro García Luna habría sido prácticamente imposible que el Cartel de Sinaloa hubiera podido movilizar tantos cargamentos de cocaína”, subrayó la fiscal Komatireddy.
Los sobornos del cartel
El juicio arrancó el pasado 23 de enero con el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, un ex policía que se volvió lugarteniente del clan de los hermanos Beltrán Leyva. Él dijo que cuando recién reclutaron al exfuncionario le daban 1.5 millones de dólares cada mes, pero llegó el momento en que acudió a una bodega para recibir más de $14 millones, que era su parte por un negocio de drogas.
Después narró que, cuando los Beltrán Leyva iniciaron una guerra contra “El Chapo” Guzmán, su jefe Arturo Beltrán Leyva ordenó que secuestraran a García Luna para preguntarle a qué bando apoyaba.
Los fiscales cerraron su caso con otro personaje clave: Jesús “El Rey” Zambada, hermano del actual líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada. Este traficante, que ahora está libre y vive con su familia en EE UU, hizo eco a lo que dijo en el juicio contra “El Chapo” Guzmán.
Según “El Rey”, un lujoso restaurante de la Ciudad de México fue el lugar en el que el cartel le entregó a García Luna 5 millones de dólares en efectivo dentro de un portafolios y en maletas deportivas.
Otro criminal convicto, Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo” y quien era líder del Cartel del Milenio, relató que contribuyó para entregar un soborno considerable al exfuncionario y que más tarde, por su cuenta, le dio 3 millones de dólares en la oficina de un negocio de lavado de autos en Guadalajara.
El destino de esa fortuna ilícita fue una de las grandes interrogantes en este juicio. Durante su declaración final, el abogado defensor César De Castro sumó las “cantidades ridículas” de dinero que los testigos afirmaron le entregaron a su cliente de 2001 a 2012. Fueron al menos 274.3 millones de dólares y, a su parecer, no corresponden al estilo de vida de este.
“Si realmente le hubieran pagado 300 millones de dólares… habría tenido que gastarlo en alguna parte”, dijo De Castro.
En ese tema la Fiscalía se topó con un obstáculo: el juez Cogan impidió que se mostraran gastos del acusado después de que dejó su cargo policial en 2012. Desde ese entonces, el exsecretario de Seguridad Pública se mudó a Florida y adquirió una lujosa residencia en Miami con alberca, embarcadero propio y valorada en más de 3 millones de dólares. También tenía una consultora.
García Luna optó por no declarar en el tribunal, lo cual lo habría expuesto a una batería de preguntas de los fiscales. Pero sí lo hizo su esposa, Linda Cristina Pereyra, siendo la única testigo de la defensa. Ella afirmó que su marido ganó dinero limpiamente y que se hicieron de propiedades y bienes en México gracias a su sueldo cada vez más alto, bonos, préstamos y ganancias por ventas de inmuebles.
Un expediente judicial que estuvo sellado hasta hace unos días y que no fue mostrado al jurado, señala que el exfuncionario ocultó su fortuna usando “compañías corporativas ficticias y terceros para comprar propiedades, pagar empleados y pagar gastos personales para él y su familia”.
“¿Por qué cooperaron con él?”
En este proceso también estuvo en cuestionamiento si Washington supo de los vínculos de García Luna con el narco, cuando las autoridades estadounidenses le consideraban un policía modelo.
Al comienzo del juicio la defensa le mostró al jurado fotografías de reuniones de su cliente con el entonces presidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. También sostuvo encuentros con los titulares de la DEA, el FBI, la CIA, Interpol y otras agencias del orden.
“No hay posibilidad de que el señor Obama se hubiera reunido con el señor García Luna si la DEA, la CIA, el Departamento de Estado o cualquier otra agencia tuvieran información de que el señor García Luna era corrupto”, insistió De Castro en los argumentos finales.
Esta duda creció cuando Miguel Madrigal, un agente de la DEA que trabajó en México, reconoció en su testimonio que desde 2010 la dependencia sabía que el acusado trabajaba para el cartel.
Pero siguieron colaborando con la Policía federal en operativos para capturar a ‘El Chapo’ Guzmán y otros criminales. Uno de estos intentos ocurrió en febrero de 2012 en una residencia de Cabo San Lucas, donde se escondía ‘El Chapo’. Todo salió mal porque varios policías llegaron tarde, ingresaron a la casa equivocada y cuando finalmente llegaron al escondite de Guzmán este ya se había escapado, según la narración en el tribunal que hizo José Moreno, un agente del FBI que estuvo en México.
Earl Anthony Wayne, quien fue embajador de EE. UU. en México, reconoció por su parte que la Policía federal “no era el socio preferido” en acciones contra el Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Pero aseguró que jamás recibió información “creíble” de que García Luna era corrupto.
“También Estados Unidos está muy cuestionado en este sentido. ¿Por qué cooperaron con él durante los seis años de gobierno de Felipe Calderón? Cuando sabían que el señor fuerte de la seguridad estaba vinculado con el crimen organizado”, dijo en una entrevista con Univision Noticias, Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la George Mason University y autora del libro Las cinco vidas de Genaro García Luna.
Correa-Cabrera, quien ha seguido de cerca este caso, considera que la estrategia de los fiscales se quedó corta, pues afirmaban tener más de un millón de hojas de documentos y basto material inculpatorio.
“Todo esto me parece una serie de Netflix, un gran espectáculo. Este juicio se basó simplemente en testimonios de testigos cooperantes o protegidos. Muchos de estos testigos se han caracterizado por su espectacularidad, su exageración, los montos y, además, por la presentación de algunos datos que, si se coteja, entendiendo el contexto en esos años, no corresponden a la realidad”, dijo la profesora.
A lo largo de cuatro semanas, ni una sola audiencia estuvo exenta de declaraciones explosivas que retumbaron sobre todo en México. Exfuncionarios supuestamente coludidos con el narco fueron mencionados por los testigos, incluyendo al expresidente Calderón.
Édgar Veytia, un exfiscal de Nayarit al que apodan ‘El Diablo’, relató que en 2011 el entonces gobernador Ney González le dijo que Calderón le ordenó trabajar para ‘El Chapo’ Guzmán.
Calderón negó en un tuit lo que catalogó como “absurdas declaraciones” y subrayó: “Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”.
En otro momento, el abogado de García Luna trató de vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador con un supuesto soborno de 7 millones de dólares en el contrainterrogatorio con ‘El Rey’ Zambada. El litigante le preguntó al capo si recordaba haber dicho a oficiales estadounidenses que le había entregado dicha cantidad para una campaña política a Gabriel Regino, quien fue subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno.
“No podría haber dicho eso porque no es cierto”, respondió tajante Zambada. Eso fue suficiente para los adversarios del mandatario. Calderón retuiteó una nota con un título engañoso que señalaba a AMLO.
Las acusaciones incluso salpicaron al diario El Universal. Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas de Coahuila, declaró que García Luna sobornó al dueño del periódico para “limpiar su imagen” ante los crecientes rumores de que había sido secuestrado por integrantes del crimen organizado.
Para sustentar esas declaraciones, la Fiscalía mostró al jurado una factura fechada en 2009 por una presunta campaña turística por un valor de 11 millones de pesos (550,000 dólares). Y exhibió una foto en la que aparecen el exgobernador de Chihuahua, Humberto Moreira, y el propietario de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz. El primero habría ayudado a que hubiera notas favorables sobre García Luna.
En un editorial, dicho medio respondió que el señalamiento de Villarreal Hernández “es totalmente falso”, pues el diario “mantuvo una postura crítica ante el desempeño público del funcionario y la dependencia que encabezaba”.
Los problemas legales de García Luna no han terminado. Él enfrenta un proceso penal en México por ingreso ilegal de armas y contratos gubernamentales ilícitas. A finales de enero se emitió una segunda orden de detención en su contra y siguen las gestiones para extraditarlo a su país.
Uno de esos procesos está relacionado con el fallido operativo ‘Rápido y Furioso’, que se desarrolló entre 2009 y 2011 cuando agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitieron la salida de 2,500 armas ilegales a México para rastrear las actividades de los carteles. Pero le perdieron la pista a la mayoría de las armas, incluidas dos que fueron encontradas en un lugar de Arizona donde un agente estadounidense fue asesinado.
También lo vinculan a contratos que hizo el gobierno de Calderón con empresas privadas para construir y prestar servicios a reclusorios federales. Además, México lo demandó en una corte de Florida, alegando que obtuvo y lavó más de 700 millones de dólares a través de contratos fraudulentos.