Al ratificar que México sigue abierto al escrutinio de organismos internacionales para enfrentar la desaparición forzada y que aceptará en sus términos el inminente informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas alertó que pese a los avances institucionales y legales, se enfrentan a desafíos importantes en las fiscalías (incluso la Fiscalía General de la República) y los juzgados para que asuman su responsabilidad en la labor de búsqueda.
Durante el conversatorio “A 10 años del primer informe de la ONU sobre Desaparición Forzada en México”, ante representantes del organismo (presentes de manera virtual) afirmó: “la impunidad que hay involucra no sólo a las Fiscalías, sino también a los jueces. No es posible tanta lentitud y a veces corrupción del poder judicial”. Citó el caso del juez en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos que ha liberado a 78 personas vinculadas a la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa.
“Son cosas que tienen que modificarse, no sólo esta barbaridad de pedir que se presente una persona desaparecida para ratificar su solicitud de amparo. Es la forma que están actuando los jueces en pleno anonimato e impunidad”.
Subrayó que entre los avances destaca la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer la Guerra Sucia en México entre 1965 y 1990. Dijo que a diferencia del pasado, donde se negaba la existencia de la desaparición forzada, ahora hay un reconocimiento de lo sucedido. “En los temas vinculados con memoria y archivos donde tendrán que abrirse los cuarteles militares, los archivos militares, todos aquellos archivos que nos permitan avanzar en encontrar la verdad sobre estos hechos”.
Encinas reconoció que la gran asignatura pendiente es la impunidad porque en un país con 98 mil 800 desaparecidos solamente hay 35 sentencias en esta materia. En este contexto, asumió que las fiscalías representan un problema central para enfrentar este fenómeno social cuyo combate es la prioridad de este gobierno.
“Hemos tenido tensiones que eran innecesarias con la FGR para que cumpla con su responsabilidad de realizar labores de búsqueda en los casos de denuncias de desaparición forzada e incluso debatir el derecho o no a ser buscadas. La reforma a la ley Orgánica de la FGR representó una regresión de lo alcanzado.
“No hay entendimiento cabal de lo que es autonomía, que no es autarquía”.
La Jornada