La militarización del país es un hecho. No solamente se ha demostrado por la intentona de pasar a la Guardia Nacional a las fuerzas armadas nacionales, sino en este sexenio, entregar a los militares un presupuesto incalculable de riquezas en la vigilancia de puertos, aduanas, aeropuertos, la asignación de obras como las del AIFA o en forma directa de recursos para su sostenimiento presupuestal.
La paradoja estriba en que no solo en su campaña del 2018, sino durante 12 años anteriores, el discurso del hoy presidente AMLO había referido que sacaría al ejército de las calles, siendo enfático en que los presidentes de ese tiempo estaban cometiendo un error garrafal.
Hoy en el poder, refiere no reconocer una falla, sino cambiar de opinión proponiendo una ley secundaria inconstitucional que no solamente rompe el esquema de la legalidad en el país, sino también la política opositora tan necesaria en estos tiempos de partido mayoritario.
Históricamente desde su creación en los años 30 del siglo XX, el Ejército Mexicano del general Amaro, había sido sacado de los cuarteles para acallar a la población civil que se alebrestaba.
Primero fue el levantamiento cristero, luego en el régimen de López Mateos para reprimir al movimiento ferrocarrilero y campesino, después Díaz Ordaz reprimió al movimiento médico y al estudiantil y popular del 68, Echeverría y López Portillo generaron la guerra sucia en contra de los sublevados en Guerrero y Oaxaca y en 1994 sostuvieron batallas en contra del EZLN por 12 días en Chiapas; finalmente Calderón, Peña Nieto y AMLO lo utilizaron como apoyo al combate a la inseguridad pública y al crimen organizado.
A la par de esta fuerza armada, se estableció primero la policía judicial federal, posteriormente la agencia nacional de seguridad para terminar con la Guardia Nacional (otros le llaman las fuerzas bolivarianas) como el organismo base de la seguridad pública federal, que auxiliaba las labores de policías estatales y municipales, con los resultados de seguir viviendo los mexicanos al filo de la navaja, en una nación secuestrada por el hampa y el contubernio con la autoridad.
Ya lo había dicho el exgobernador Sócrates Rizo en 2011 en una conferencia: “durante los gobiernos priistas, se tenía resuelto el conflicto del tránsito de drogas. Había un control y un Estado y un presidente fuerte. Entonces, de alguna manera, decían: ‘Tú pasas por aquí, tú por aquí, pero no me toques aquí estos lugares’”.
Los mexicanos tenemos más de 20 años hablando de que el saneamiento de las policías es la única manera de combatir a la delincuencia, pero la autoridad tiene veinte años fracasando en esa tarea. Si bien es cierto quienes habitan en las zonas más bravas y sufren extorsiones, secuestros y desaparición de familiares, están en su derecho de pedir ya la intervención del Estado. Enviar una patrulla o tres, así sean elementos honestos y bien capacitados, a enfrentar un convoy de 50 sicarios es un acto suicida. La capacidad de fuego de los ejércitos particulares supera desde hace rato al de las policías, pero eso no es una excusa para militarizar al país porque esto servirá para otros fines políticos alejados de ese objetivo.
Por más que se diga en la exposición de motivos que:” el propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implementar autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”, se trata de un reconocimiento explícito de la gran falla en el combate a la inseguridad, máxime porque en 2019, AMLO logró que nuestra Constitución avalara el despliegue de las Fuerzas Armadas durante cinco años. Un “periodo de transición” para que su gobierno logrará terminar con la guerra contra el narcotráfico y, en paralelo, tuviera el tiempo para construir una Guardia Nacional de mando y carácter civil.
De aquí la tesis que plantea que la iniciativa no solamente guarda su naturaleza de proteger a la sociedad, sino más allá proteger al régimen que no logra consolidarse políticamente en los próximos dos años que le restan. La pregunta es: ¿Qué jugada nos tiene preparada AMLO en 2024, cuando su delfín no levante o vea la necesidad de entregar la plaza?
Benito Juárez, fue muy preciso al decir: “Tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios sólo para los reyes de teatro.” Válgame Dios.