La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aprobado este jueves eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación y compra y venta de facturas.
El pleno del máximo tribunal mexicano ha considerado que es inconstitucional aplicar esta medida a estas tres infracciones fiscales, que fueron incluidas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019. En esta misma sesión, los ministros han rechazado modificar la prisión preventiva oficiosa para otros cargos. La decisión, aunque limitada, es un mensaje de contención para el Ejecutivo y el Congreso.
El fallo de la SCJN se considera una victoria a medias para los críticos con la prisión preventiva oficiosa. Por un lado, la votación permite seguir acotando una figura legal que, para organismos como la Corte Interamericana, viola derechos humanos. Por otro, sigue intacta para la gran mayoría de delitos por los que miles de personas están en la cárcel sin una sentencia. “Se pierde la oportunidad de que la Suprema Corte proteja los derechos de las personas en prisión”, afirma el abogado especializado Luis Tapia, “pero al mismo tiempo es un golpe a la prisión preventiva oficiosa, porque otra vez la Suprema Corte trata de ponerle ciertos límites para que no se desborde”.
El proyecto que se votaba hoy, lanzado por el ministro Luis María Aguilar, proponía centrar la discusión en el término oficioso, de manera que ya no significara automático, sino que obligara “oficiosamente” a los jueces a abrir un debate sobre si convenía interponer la prisión preventiva a los acusados. La prisión preventiva es la más severa de 13 medidas cautelares con las que cuenta la justicia mexicana. El magistrado consideraba que tal cual como está entendida ahora la prisión preventiva oficiosa es “una pena anticipada, contraria a los derechos humanos y, por tanto, inadmisible en un Estado constitucional de derecho”, por lo que, buscaba reinterpretar este concepto para que no fuera una “medida automática e irreflexiva”.
Así lo de hoy sí supone un dique para el Congreso de la Nación y para la lógica presidencial. “La Corte le envía al Ejecutivo un mensaje de que no puede seguir aumentando este catálogo porque si lo hace lo va a revisar. Esta decisión tiene un impacto político de que la Corte no valida la estrategia de considerar a la prisión preventiva oficiosa como la solución a los problemas de criminalidad”, apunta Luis Tapia.
En México hay 220.000 personas en la cárcel, unas 20.000 más que en 2019, un número que no para de crecer. De estas, 92.000 están en prisión preventiva, es decir, sin haber recibido una condena. El tiempo máximo que se puede estar sin sentencia, según la Constitución, es de dos años, pero en la realidad el tiempo en prisión se alarga durante lustros por la complejidad y lentitud de los procesos penales, con unos juzgados y unas fiscalías completamente rebasadas.
Este mismo jueves el presidente se había lanzado de nuevo contra la Corte, antes de que votara, para exigirle que no protegiera a criminales: “¿Cómo van a ser los jueces, magistrados, ministros defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia? ¿Cómo van a estar protegiendo a factureros y a quienes se hicieron inmensamente ricos y vamos a seguir con lo mismo?”.
El País