El día de hoy, martes 3 de mayo de 2022, la Plaza de Armas de Saltillo será escenario de una nueva manifestación de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, agrupación conformada desde hace 11 años por trabajadores activos y pensionados de la Secretaría de Educación estatal, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, para luchar por la defensa de los derechos de seguridad social violentados por el Gobierno del Estado de Coahuila, los rectores de las Universidades y los dirigentes nacionales y locales del SNTE.
Hoy también se conmemorarán 6 años del primer plantón magisterial realizado en forma simultánea en Saltillo y Torreón, en 2016, con duración de 70 días, y un año del inicio del segundo plantón, en 2021, en el que permanecimos durante 135 días y noches en la Plaza de Armas de Saltillo, hasta que la madrugada del 14 de septiembre el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, obedeciendo el mandato de La Familia y el Cartel del SNTE ordenó el desalojo violento de los manifestantes, infamia en la que fue auxiliado por las fuerzas policiacas enviadas por el ex Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.
Una vez más, las exigencias de los trabajadores y pensionados al Gobierno y a las Universidades serán las mismas que se plantearon en las mesas de trabajo efectuadas el pasado mes de agosto con el reconocimiento de los representantes institucionales:
– Atención médica integral, completa y de calidad para 48 mil derechohabientes afectados.
– Pago de los adeudos de más de $4,500 millones por parte de Gobierno de Coahuila, UAdeC y UAAAN al fondo de Pensiones
– Pago de los adeudos de más de $600 millones por parte de Gobierno de Coahuila, UAdeC, UAAAN, Fondo de la Vivienda y Seguro del maestro al Instituto del Servicio Médico.
– Pago de los adeudos de más de $89 millones del Seguro y Retiro a 600 pensionados y el pago de las pólizas de defunción a los deudos de los fallecidos.
– Auditorías a las Cuentas Individuales y el establecimiento de un sistema de transparencia e información que dé certeza a los trabajadores activos del estado de sus ahorros para el retiro.
– Apoyos y préstamos para adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda, aspecto gravemente desatendido, derivado de la carencia provocada por irregularidades administrativas y desvíos de recursos en el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de la Educación (FOVI), como también lo ha documentado la Auditoría Superior del Estado (ASE).
– Auditorías a los Salones, Casas y Centros Recreativos administrados por el FOVI y el Seguro de los Trabajadores de la Educación; que el Gobierno asuma el financiamiento para la operación de aquellos espacios y se deslinde a estas instituciones de esa responsabilidad, para que se enfoquen al cumplimiento de su objeto social.
– Resultados de las “investigaciones realizadas” por el Gobierno del Estado sobre las denuncias presentadas por la ASE, relativas a delitos contra las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación y restitución del daño por más de $1,300 millones.
En síntesis: solución, no represión. No más corrupción, no más impunidad, no más ineficiencia.