Un tiro de tres bandas: artimaña legislativa, estrategia recaudatoria y embuste electorero.

-No hay dinero. 

-No hay con qué. 

-El Gobierno no tiene recursos. 

-Reconocemos sus derechos, lo que no tenemos es con qué atenderlos. 

-No podemos negar las carencias y las deficiencias en las Clínicas del Magisterio, pero no hay dinero para resolverlas.

-Cierto, hay aportaciones pendientes del Gobierno a los fondos magisteriales, pero no tenemos con qué subsanarlas.

-Sí, se debe a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE), pero por ahora lo único que podemos hacer es atender la emergencia para que no les falte su mensualidad a los pensionados.

En síntesis: debo, no niego; pago, no tengo. Palabras más, palabras menos, esa ha sido la cantaleta sostenida por diferentes administraciones gubernamentales, particularmente las de Rubén Moreira y Miguel Riquelme, en el tema de la problemática que tanto ha afectado a los trabajadores de la educación de Coahuila. Tanto el uno como el otro y los distintos funcionarios designados por ellos en las mesas de discusión, han manifestado siempre, ante los justos reclamos de la Coalición de Trabajadores de la Educación, que el problema no es de reconocimiento de derechos, sino de carencia de recursos económicos, ante lo cual no ha faltado nunca la pertinente refutación de los derechohabientes: que también eso le digan a los bancos cuando estos exigen el pago de los miles de millones de pesos por concepto de intereses de la ilegal deuda pública.

“Se puede vivir toda la vida exigiendo y no lograr nuestros objetivos, derivado de que no hay con qué”, ha dicho, textual, Miguel Riquelme. “Aun teniendo la razón, con qué pagas la razón”, dijo hace unos días en el discurso que tuvo que ir a pronunciar, ante los cientos de acarreados por la dirigencia sindical, para dar a conocer la “generosa” y “magnánima” Iniciativa para modificar la Ley de Pensiones, con la que él y Carlos Moreira prometen que los trabajadores del régimen de Cuentas Individuales “podrían” incrementar hasta en un 60% la pensión que reciban al momento de su retiro. Claro, para ello, la modificación que impondrán con la mayoría priísta en el Congreso obligará a los trabajadores a pagar un 3.5% más en su cuota para pensión, por lo que de ahora en adelante se les descontará un 10% de su sueldo por ese concepto. La Iniciativa promete además que el Gobierno del Estado incrementará un 1%, con lo que su aportación en ese rubro alcanzará también el 10% respecto al sueldo de cada trabajador, de tal forma que, sumadas ambas aportaciones, la Cuenta Individual de cada trabajador se conformará con un 20% en total.  

“Desprendido y espléndido” promete también el Gobierno que para el financiamiento de las pensiones garantizadas de los mismos trabajadores, adicionalmente aportará un 4% más. Así que en total, la promesa del Gobierno es incrementar su aportación un 5%. 

Promesas, promesas y más promesas legislativas, que en la realidad seguramente no van a cumplirse, como ocurre actualmente, pues el Gobierno del Estado debe a la DIPETRE más de tres mil seiscientos millones de pesos de aportaciones que no ha pagado desde el año 2008 y que ya en otras Columnas hemos descrito;

(https://www.columnasdemexico.com/pensiones-magisteriales-crecen-las-deudas-patronales-que-asfixian-a-la-dipetre/   y    https://www.columnasdemexico.com/el-oscar-para-el-mayor-deudor-a-dipetre/)

Pero si el Gobierno del Estado debe esa cantidad a la DIPETRE, ¿cómo está haciendo la Institución para pagar actualmente, mes a mes, a los pensionados? Muy fácil: está tomando el dinero que han ahorrado precisamente los trabajadores activos de este denominado régimen de Cuentas Individuales, el cual fue implementado a partir del 2001. Es decir, el huachicoleo en las pensiones magisteriales ha generado un enorme boquete, que el Gobierno Estatal ha tapado, desde hace más de 10 años, extrayendo el dinero de las Cuentas Individuales para pagar las pensiones en curso, las que debería cubrir, en todo caso, pagando los miles de millones de pesos que le adeuda a la Dirección de Pensiones.  Lo explica claramente la DIPETRE en la página 31 de las Notas de Desglose a los Estados Financieros correspondientes al 1er Trimestre de 2022: 

“Por otra parte se informa que si bien el 6.5% y el 9% de cuota y aportación que recibe la Dirección de Pensiones por parte de las entidades aportantes, bajo el amparo del artículo 22 de la Ley de Pensiones aprobada en fecha 27 de diciembre de 2017, esta entidad utiliza los recursos de las cuentas individuales para financiar el pago de las pensiones en curso, aún y cuando este 6.5% y 9% no se encuentran dentro del presupuesto de ingresos de la Dirección de Pensiones aprobado para el ejercicio 2021, es decir, no son propiedad de la Dirección de Pensiones ni forman parte de su patrimonio, sino del trabajador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 Bis Fracción I y 14 de la Ley de Pensiones vigente.”

Y en las páginas 12 y 13 del mismo documento se refiere la cantidad que por intereses se le adeuda al fondo de Cuentas Individuales, precisamente por estar usando los millonarios recursos de los trabajadores para poder pagar a los actuales pensionados:

“… así mismo en la cuenta 1129-16 se realiza el registro por primera vez en 21 años del importe de $736,702,946 por concepto de los rendimientos que las entidades aportantes habrán de pagar a favor de sus trabajadores por el uso de los recursos de las cuentas individuales el cual encuentra su fundamento en el artículo 22 de la Ley de Pensiones, así mismo en el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 22 de enero de 2021 en el cual se establece que el porcentaje a pagar a los trabajadores será de inflación más un punto porcentual para el ejercicio 2001 a enero de 2018 e inflación más dos puntos porcentuales para febrero del ejercicio 2018 en adelante…” 

Así las cosas, si el Gobierno no ha pagado en 14 años sus adeudos a la DIPETRE, porque “no hay con qué” y porque “con qué pagas la razón”, ¿qué hace suponer a los Diputados que hoy aprobarán la Iniciativa Moreira-Riquelme que en adelante el Gobierno sí va a cumplir sus compromisos?

En realidad, la “generosa y magnánima” Iniciativa es una artimaña legislativa, un tiro de tres bandas con fines recaudatorios y electoreros:

  1. Engañar a los trabajadores activos, haciéndoles creer que se busca beneficiarles al considerar para ellos una mayor expectativa de percepción económica al momento de pensionarse.
  2. Imponer una mayor carga tributaria a los trabajadores (el 3.5% de sueldo), que irá directo al fondo de Cuentas Individuales, el cual indebidamente seguirá siendo utilizado para pagar las actuales pensiones mientras el Gobierno del Estado no pague sus deudas históricas y no regularice sus aportaciones ordinarias.  Si no paga lo que debe, menos va a efectuar las aportaciones a su cargo que en esta iniciativa se establecen.
  3. Congraciarse con el electorado magisterial y promover a dos candidatos: el de Carlos Moreira a la Secretaría General de la Sección 38 del SNTE y el de Miguel Riquelme a la Gubernatura de Coahuila.

 

De paso, al establecer ahora el incremento en la aportación del Gobierno para el fondo de Cuentas Individuales, dejarán esa carga impositiva al futuro Gobierno de Coahuila, que si es de oposición, pues a ver cómo se las averigua para pagar, diría Riquelme, y si continúa el mismo grupo priísta, pues simplemente no harán las tales aportaciones, que para eso es precisamente esta modificación: el 10% que ahora se descontará a los trabajadores de Cuentas Individuales, seguirá siendo utilizado, al amparo del artículo 22 de la misma Ley, para pagar las pensiones en curso.  

Por cierto, la Iniciativa no incluye, por supuesto, la derogación de ese artículo, el 22, que inconstitucionalmente permite a los administradores y al Gobierno utilizar el dinero de las Cuentas Individuales de los trabajadores activos para pagar a los actuales pensionados. Si ese artículo desapareciera, se limitaría, en parte, el huachicoleo en el fondo de pensiones, pues ya no se podría seguir extrayendo dinero de ese fondo de Cuentas Individuales para tapar el boquete generado por la irresponsabilidad del Gobierno del Estado, pero eso es, por ahora, impensable, pues el grupo político que actualmente tiene secuestrado a Coahuila en todo piensa, menos en resolver adecuadamente la grave problemática y beneficiar realmente a los trabajadores y a los pensionados.

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