Que en Coahuila no se genere información oficial relacionada con las responsabilidades respecto a la contratación y uso irregular de créditos que forman parte de una deuda tres veces refinanciada, no quiere decir que no haya asuntos que la autoridad estatal actual deba esclarecer sobre lo ocurrido con los recursos públicos en el sexenio 2005-2011. La detención con fines de extradición a Estados Unidos del exgobernador interino, Jorge Torres López, abre de nuevo la oportunidad para plantear las preguntas que hasta ahora no han encontrado respuesta.
Torres López es una figura fundamental en la trama del caso Coahuila no sólo por haber entrado al relevo del mando estatal cuando Humberto Moreira se fue a inicios de 2011 a presidir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, sino sobre todo por el papel que jugó antes como secretario de Finanzas y de Desarrollo Social. La relevancia está dada por la información que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha revelado en su momento sobre la contratación de deuda pública en la administración antepasada.
Al inicio del sexenio referido la deuda ascendía a 323 millones de pesos. Para el quinto y último informe que dio Humberto Moreira en noviembre de 2010 la deuda rondaba los 7,750 millones de pesos, según los registros de Hacienda. Después de una danza de cifras motivada por las campañas electorales de 2011, al cambio de sexenio en diciembre de ese mismo año la deuda ya era de 35,547 millones, según los datos de un estudio elaborado por la ASE.
La forma en la que se contrajeron los créditos que al final dan ese monto dicen mucho de la gestión de Torres López dentro de la administración estatal, quien de 2005 a 2007 fungió como tesorero y fue sucedido por Javier Villarreal -quien se encuentra a la espera de sentencia en Texas- y en 2010 asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para de ahí saltar a la gubernatura interina en 2011.
De acuerdo al informe de la ASE, la mayor parte de la deuda -más de 20,000 millones- fue contratada en 2010, es decir, cuando Humberto Moreira aún era gobernador. Un dato importante es que ese mismo año la Sedesol, ya a cargo de Torres López, ejerció un presupuesto récord de 13,273 millones, de los cuales 10,419 millones se destinaron presuntamente a programas de corte clientelar, pero la ASE sólo pudo identificar el destino del 14 % de ese dinero. El resto es un hoyo negro.
La importancia de estas cifras radica en que precisamente el destino de la deuda es una de las principales preguntas sin responder en toda esta trama. Particularmente se trata de alrededor de 18,000 millones de pesos que las cuentas del sexto y último informe de ese sexenio, presentado en noviembre de 2011 por el entonces gobernador interino Jorge Torres López, dejaron sin explicación en cuanto a su destino, de acuerdo a una revisión detallada llevada a cabo por El Siglo de Torreón.
Coincidentemente, esa cifra es la misma que reporta la Auditoría estatal como la que se contrajo a partir de créditos bancarios sin autorización del Congreso local. Es decir, se presume de una acción deliberada para ocultar la contratación de deuda y usar los recursos de forma discrecional. Las principales líneas de investigación que siguen los fiscales de Estados Unidos es que funcionarios del gobierno estatal sustrajeron durante ese sexenio recursos públicos y los invirtieron en cuentas, empresas y bienes de Texas y paraísos fiscales.
Aunque se ha insistido en las preguntas sobre el robo al erario, el destino de los recursos y las responsabilidades sobre el presunto desvío, las autoridades estatales priistas del sexenio pasado, con Rubén Moreira, hermano de Humberto, a la cabeza, y del actual, que lidera Miguel Riquelme, exfuncionario de los dos gobiernos anteriores, han sido omisas y/o difusas en sus respuestas. La postura ha sido esperar a que de España, en donde se ha reabierto la causa penal contra Moreira I, y Estados Unidos surjan las novedades del caso.
Es por ello que la detención con fines de extradición de Torres López puede aportar los elementos que faltan para completar la historia que hasta el momento las autoridades coahuilenses y mexicanas no han querido indagar o dar a conocer. El tema no ha perdido vigencia, pese a los intentos oficiales por echarle tierra, ya que con todo y las ingentes aportaciones que año con año se hacen y consumen una parte importante del presupuesto, la deuda permanece en niveles de 37,000 millones de pesos tras tres reestructuras que sólo han alargado el plazo de pago, ahora hasta 2048.
Pero el exgobernador interino no sólo es importante para el esclarecimiento de la trama financiera del sexenio que compartió con Humberto Moreira, sino también de lo concerniente a la escalada de violencia que vivió la entidad en esos años. No se debe olvidar que fue durante su interinato que ocurrió la masacre de Allende, Coahuila, que cobró la vida de decenas de personas en esa población del norte del estado por la acción de grupos criminales y la omisión de autoridades de distintos niveles de gobierno.
La detención de Jorge Torres López estrecha aún más el cerco judicial internacional entorno a la figura del primero de los hermanos que gobernaron la entidad durante doce años, y ejerce una nueva y fuerte presión sobre el gobierno actual respecto a las preguntas sin respuesta que persisten.
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