Procedimientos anticorrupción y auditorias, en la impunidad hasta en 70%. Coahuila

¡Qué tal, nada ven, nada juzgan, nada de rendir cuentas a la ciudadanía! 

Los órganos anticorrupción en Coahuila son oficinas cuyos titulares fueron seleccionados por los Moreira y Riquelme, por su cercanía, su complicidad y antecedentes corruptos. Por eso nada sucede con las indagatorias, las pesquisas, y las auditorías. Cuando más, rebuscan a los ediles opositores al PRI y a sus enemigos, y solo para someterlos. 

Ni que decir de la Auditoría Superior del Estado, oficina ciega y muda. 

Y peor aun, el Tribunal Administrativo, elefante blanco retacado de burócratas y dirigido por prepotentes (e intocables, por lo que ven y callan) y con sueldos de envidia…  ¡Soberbia y corrupción, Coahuila ES!

La Fiscalía Estatal es otra oficina dedicada a los negocios de los GATES y los criminales (reiteración). 

Ninguna de todas las instancias mencionadas y otras que faltan, ha reparado en la MegaDeuda corrupta y creciente, en los negocios de los Moreira, de Torres López, de Riquelme y de tantos enriquecidos de los gabinetes, con dinero del presupuesto federal y estatal, público, saqueado por 15 años”. 

Impunidad y criminalidad, asociación delictuosa y peculados. Esa es la realidad impune e insultante en el gobierno de Coahuila. 

ColumnasDeMexico.com

LA NOTA
La razón por la cual la Auditoría dio a conocer sólo los datos de responsabilidades administrativas sancionadas del 2014 al 2017 es porque en ese período se realizaron dos reformas a la legislación.
El trabajo de las contralorías internas de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios, organismos autónomos y otras dependencias, dejaron sin sanción hasta el 70 por ciento de los casos en los cuales la Auditoría Superior del Estado (ASE) les ordenó iniciar procedimientos por encontrar irregularidades en las cuentas públicas del 2014 al 2017.

La razón por la cual la Auditoría dio a conocer sólo los datos de responsabilidades administrativas sancionadas del 2014 al 2017 es porque en ese período se realizaron dos reformas a la legislación, y actualmente los órganos internos de control, al entrar en vigor el Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales y el Tribunal de Justicia Administrativa, sólo tiene competencia en casos no graves.

Las irregularidades se detectaron a partir de auditorías de cumplimiento, legalidad, fondos y programas de inversión, desempeño y financiera, cuyos resultados están en los informes anuales; los casos que aún no tienen ninguna resolución se mantienen vigentes y serán tratados con la Ley anterior, explica la Auditoría.

En 2014 había 120 entes públicos a quienes se les encontraron 399 irregularidades que fueron notificadas a los órganos internos de control o contralorías internas.

Sin embargo, sólo 57 de los 120 órganos internos de control emitieron sanciones.

Para 2015, hubo ya 126 entes públicos, a quienes se promovieron 966 pliegos de responsabilidad administrativa, sin embargo, sólo 50 órganos internos de control emitieron alguna resolución.

En 2016, el número de entes públicos revisados pasó de 126 a 133 y se entregaron 996 pliegos de responsabilidades administrativas, pero 51 órganos internos de control emitieron alguna sanción y el 61 por ciento de los casos está aún sin resolverse.

Para 2017 el número de entes públicos revisados pasó de 133 a 142 y se emitieron mil 208 pliegos de responsabilidades, pero sólo 43 órganos internos de control emitieron alguna responsabilidad, con lo cual los asuntos pendientes quedaron en un 70 por ciento.

Vanguardia

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