Los trabajadores que están bajo el esquema de subcontratación en el gobierno serán regularizados.
El gobierno plantea eliminar 28 mil plazas de la Administración Pública Federal, cuyo contrato se realizó mediante el sistema laboral outsourcing (subcontratación).
Entre 2019 y 2020 se han pagado cinco mil millones de pesos a empresas dedicadas a este esquema. De acuerdo con informes de transparencia, el Banco del Bienestar es la entidad que mayores recursos invirtió en outsourcing, con más de 872 millones de pesos.
Sin embargo, el plan de la Federación es absorber esos puestos de trabajo, es decir, contratar al personal que sea despedido derivado de la reforma al outsourcing, que discuten los diputados.
“El gobierno se hace cargo de pagarles… no creo que haya problema para la regularización, no tenemos porqué tener intermediarios”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego agregó que no se puede promover una regulación del outsourcing y mantener ese esquema en el gobierno.
En la mañanera, insistió en que es ilegal la subcontratación, en el caso de los servidores públicos, y lo que se pretende es evitarla porque se abusó mucho de esta figura, pues se detectó que empresas despedían a los trabajadores en diciembre para no darles prestaciones, aguinaldos, ni reparto de utilidades y los volvían a contratar en enero o febrero del siguiente año.
Reconoció que lo han visto representantes de los empresarios que buscan tener un diálogo para abordar esta posible regulación, “pero aprovecho también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores, que mejor desistan”.
Si en el Congreso, agregó el mandatario, los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres, es un poder independiente, aclaró.
Sin embargo, entre los contratos vigentes del gobierno federal por outsourcing destaca el del Banco del Bienestar, que tiene un acuerdo con Servicios Empresariales Teram por 537.9 millones de pesos para la “contratación de los servicios técnicos y administrativos, que concluye el 31 de enero de 2021.
El pasado septiembre, la Secretaría de Marina suscribió un contrato con DICIPA por 13.9 millones de pesos por “subcontratación de servicios para terceros”.
PREVÉ CERO CORRUPCIÓN
En entrevista con Adela Micha, en El Heraldo Radio, José Narro Céspedes, senador por Zacatecas, dijo que en el Senado existen tres propuestas que van de la regulación a la eliminación de esta práctica.
La iniciativa del Presidente, aseguró Narro, apunta a evitar la corrupción y el fraude al erario, que suele venir acompañado del outsourcing con empresas que pauperiza el salario, evitan el pago de prestaciones y menoscaban los derechos de los trabajadores.
“Buscamos que se reconozcan los derechos de los trabajadores, y que no sea una nueva forma de esclavitud”, enfatizó.
Heraldo de México