Expertos en transparencia criticaron la decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que no encontró ninguna evidencia que acredite probable conflicto de interés, cohecho o soborno entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Daniel Chávez Morán, asesor honorario del Tren Maya y dueño de Grupo Vidanta.
La dependencia federal señaló que tampoco tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la administración pública federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners.
Esto luego de que el hijo mayor del Presidente, José Ramón López Beltrán, dio a conocer que trabaja como abogado de la empresa KEI Partners en Estados Unidos, cuyos dueños son los hijos de Chávez Morán.
La denuncia contra el Jefe del Ejecutivo fue presentada por la senadora Xóchitl Gálvez (PAN), en la cual solicitó que se investigara el presunto conflicto de interés del Presidente y el empresario.
En este sentido, expertos y legisladores equipararon esta exoneración con el que hiciera el entonces titular de la SFP, Virgilio Andrade, con la casa blanca, que involucró a la entonces esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, que esta nueva decisión lastima el corazón de la austeridad republicana que enarbola este gobierno.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que más allá de las investigaciones y resultados de auditorías, lo mismo de la SFP o de la Fiscalía General de la República (FGR), este caso y otros que involucran a la familia del Presidente “lastiman el corazón de la llamada austeridad republicana” que pregona López Obrador.
“Fue el propio Presidente quien informó de la relación laboral entre su hijo y una empresa vinculada con el Grupo Vidanta en una de sus conferencias matutinas”, dijo.
Señaló que por la naturaleza de la relación laboral descrita entre la empresa y López Beltrán, “era poco probable que se pudiera acreditar falta en materia administrativa”.
A su vez, el politólogo Khemvirg Puente consideró que en este tipo de investigaciones hay un diseño institucional imperfecto, porque es el propio Ejecutivo el que realiza la investigación para des- lindar responsabilidades, cuando debería de ser un órgano externo, autónomo, que no dependa del Presidente.
“Lo que está mal es el marco jurídico y las limitaciones legales que tiene esa dependencia. Es decir, no es incorrecto lo que dicen en estricto sentido porque están limitados legalmente respecto a que no pueden hacer investigaciones sobre actos celebrados en otro país”.
Para el académico de la UNAM, se puede llamar la casa blanca, la casa gris o la de Houston. “En todo caso, si es el propio gobierno que hace la investigación, son predecibles sus resultados. No hay mucha diferencia en las investigaciones que se hicieron con respecto a la casa blanca del expresidente Enrique Peña Nieto con las que se hacen ahora en el gobierno de López Obrador”.
Roberto de la Rosa, investigador asociado en el Programa Anticorrupción de México Evalúa, consideró: “Se parece al caso de Manuel Bartlett. O sea, no es la primera vez que la SFP hace algo de este tipo. El problema de la Función Pública es que ya tiene conocimiento del hecho y debería ampliar su investigación a cualquier falta administrativa. No le corresponde investigar delitos, pero si encuentra los elementos, presentar la denuncia correspondiente ante el MP”.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Juan Zepeda, expuso que esta exoneración se da prácticamente en un puente vacacional y por parte de una instancia como es la Secretaría de la Función Pública, donde se titular es un empleado del presidente López Obrador, por lo que era muy previsible el resultado que se tendría.
“Me recuerda mucho el caso del entonces titular de la SFP, Virgilio Andrade, cuando en 2015 exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa en el caso de la llamada casa blanca”, aseveró el senador por Movimiento Ciudadano.