Mineros sin seguridad social, apellidos renombrados y ganancias por millones. Operan bajo la protección de las autoridades y con el apoyo de poceros (dueños de pozos ilegales)
Son millonarios, evaden impuestos, explotan y se aprovechan de los mineros que arriesgan su vida para ganar el dinero que apenas alcanza para mantener a su familia. Pese a las decenas de incidentes, muertes, mutilaciones y tragedias, ningún empresario ni autoridad han pisado la cárcel. Ahora, los carboneros coahuilenses son vinculados con el narcotráfico.
Más de 90% de la producción de carbón en México se produce en el estado de Coahuila. De acuerdo con el estudio Panorama Minero que realizó el gobierno estatal, en 2010 la entidad produjo 5.86 % de la producción minera nacional, ocupando el primer lugar en la producción de carbón, hierro, celestita, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, dolomita, antimonio, bismuto y cadmio; segundo lugar en barita, fluorita y sílice; tercer lugar en bentonita, caliza y rocas dimensionables y en menor proporción yeso, calcita, plata, arena, grava, sal y arcillas.
La producción de carbón aumentó en 49% en el país durante 2011 a 1,059 millones de toneladas, según cifras del INEGI. La región carbonífera de Coahuila, también conocida como “Cuenca de Sabinas” es la más importante del país, aportando más de 90% de la producción nacional de carbón.
En México, las carboeléctricas producen 14% de la energía del país. El carbón de Coahuila y Sonora se vende principalmente a las plantas carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.
PRODEMI (Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila) es la empresa del gobierno de Rubén Moreira que le vende el mineral a la Comisión Federal de Electricidad, mediante la Unión Nacional de Productores de Carbón. Esta empresa tiene un contrato de 10 millones de toneladas anuales con la CFE; y a su vez, la PRODEMI tiene contratos millonarios con empresas locales; sin embargo, estas no tienen a ni un solo trabajador registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por otra parte, diversas investigaciones periodísticas señalan que esas mineras obtienen en carbón por medio de pocitos ilegales, o compran el cabrón con personas que se tienen estas fuentes de extracción ilegal.
De acuerdo con una investigación de Sanjuana Martínez, Altos Hornos de México (AMHSA) del empresario multimillonario Alonso Ancira Hernández, y Grupo México de Germán Larrea Mota-Velasco, son algunas de las grandes empresas que compran el carbón a los propietarios de los pocitos ilegales.
La PRODEMI comercializa millones de toneladas de carbón producidas por 85 empresas en Coahuila, las cuales son vendidas en su totalidad a la CFE. No obstante, el destino de 57.7 millones de pesos que llegan al Estado por esta actividad y que se supone se deben aplicar en infraestructura para los municipios carboneros, sigue siendo poco claro, “con números que no cuadran y con supuestas inversiones millonarias que nadie sabe dónde están”. Ismael Ramos Flores, administrador Fiscal General del Estado, dijo al diario que el dinero que se lleva el Estado es utilizado “para obras de infraestructura y demás en la Región Carbonífera“. “La PRODEMI comercializa y (sobre) ese recurso habría que darte una relación de todas las obras y acciones que se han llevado a cabo en la Región Carbonífera, obras como puentes vehiculares, etcétera.bulevares.”
Fuentes oficiales aseguran que como titular el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal Hernández tenía el control de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y concedió contratos a las empresas Impulsora JBN y Perforaciones Técnicas Industriales, esas tres mineras hoy son investigadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por supuesta relación con el narcotráfico, aseguró el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
Villarreal Hernández, el prófugo ex Tesorero de Humberto Moreira acusado de adquirir deuda en Coahuila falsificando documentación, y ahora es señalado como responsable de la desaparición de recursos de los mineros del carbón. Pero tampoco está tan claro: el destino de millones de pesos de la estatal Promotora para el Desarrollo Minero es, simplemente, una incógnita. Cuando un reportero del periódico Vanguardia de Saltillo preguntó quién podría saber el destino de estos recursos, el actual Administrador Fiscal General del estado respondió: “Villarreal“. Javier Villarreal. Huyó con dinero del gobierno de Coahuila pero no está del todo claro, debido a que las dos administraciones (la de Humberto y la de Rubén Moreira) se han negado a transparentar los recursos de la deuda.
Tras el asesinato del hijo de Humberto Moreira, el ex gobernador y ex presidente del PRI, Humberto Moreira Valdez, aseguró que diversos empresarios que tenían negocios en ese estado estaban vinculados con el crimen organizado, específicamente con el cartel de Los Zetas. Luego de esto, comenzó una cadena de señalamientos, sobre todo a las mineras de carbón. Dijo que Heriberto Lazcano, `El Lazca’, tenía tajos de carbón en Progreso, Municipio donde supuestamente fue acribillado el capo el 7 de octubre último.
La revista Proceso, publicó un reportaje donde asegura que el gobierno estatal de Coahuila ha cerrado y destruido varios pocitos que pertenecían a Los Zetas. Pero también, el semanario detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por concesiones expedidas por la Dirección General de Minas desde mucho antes que llegarán los Moreira a la gubernatura.
Una investigación de Sanjuana Martínez que fue publicada en Sin Embargo.mx, asegura que “hay cientos de pocitos. Los dueños -es decir, los poceros- son conocidos políticos, ex alcaldes, ex gobernadores, gente influyente con nexos con el gobierno local o federal: Alfonso González Garza y Jesús María Montemayor Seguy, padre del actual presidente municipal de Sabinas y hermano de Rogelio Montemayor, ex gobernador del estado de Coahuila y funcionario de Pemex inhabilitado por mal manejo de recursos; el ex gobernador Enrique Martínez; el ex alcalde de Progreso, Jesús Montemayor, presidente municipal de Sabinas con su amigo Luis González Garza y Valdemar Cervantes Cadena; Antonio Gutiérrez, dueño de una poderosa cadena de supermercados; Salvador Kamar Apur, dueño del periódico La Voz, y el ex alcalde priista Federico Lico Quintanilla Rojas, entre otros”.
Martínez destaca que varias empresas trabajan en complicidad con los poceros: “como Minera Díaz, MINSA/AHMSA, PEMSA/AHMSA, AlvaRam, El Sabino SA de CV, Minería y Acarreos de Carbón SA de CV y Beneficios Internacionales del Norte SA de CV (BINSA), Compañía Minera El Progreso, SA de CV, Industrial Minera México (IMMSA) del Grupo México“.
Varias organizaciones de la sociedad civil han condenado a las mineras de la región, y las han acusa de explotación y esclavitud. La mayoría de las minas en esa entidad no cumplen con las normas; los pozos no cuentan con salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley, los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzandolos al máximo, mientras que el empleo que generan los “pocitos” es inseguro, sub-registrado y altamente peligroso, según informe de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).
Por otra parte, las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila distan de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, conforme a lo establecido en la ley y en instrumentos internacionales de los que México es parte, de acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de noviembre de 2011.
La teóloga y miembro del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) no tiene dudas: “El presidente municipal de Sabinas, Jesús Montemayor, con intereses en el carbón y con familiares asociados con González Garza, responsables de la muerte de trabajadores de BINSA (Beneficios Internacionales del Norte, SA de CV), son precisamente, los responsables de la muerte de los mineros en los pocitos ilegales que el gobierno de Coahuila supuestamente `combate’ sin fincar responsabilidad por la muerte de los mineros“.
La Organización Internacional del Trabajo señala las nuevas formas de esclavitud que existen en el mundo. En esta parte de México la esclavitud está socialmente aceptada. La pobreza es tal que se refleja en todos los rubros de la vida. Las colonias no tienen asfalto y algunas familias viven con apenas 40 pesos al día.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las nuevas funciones que le confirió la reforma constitucional del año pasado, elaboró el Informe sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila, donde exhibe las omisiones del gobierno mexicano. Además, entre 2006 y 2011 la CNDH emitió tres recomendaciones (26/06, 85/10 y 12/11) contra la STPS y la Secretaría de Economía (SE), en las que indicó que “se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores“. La OFPC insiste en la ausencia de seguridad social y laboral, el empleo de menores y otras prácticas ilegales en la minería formal y clandestina desde 2006. Además, el informe de la CNDH probó la negligencia del gobierno federal en el tema.
Pese a los 145 muertos registrados en seis años en la zona minera coahuilense, y a que desde el 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos México (CNDH) y la Secretaría Federal del Trabajo hayan advertido, al igual que el obispo Raúl Vera López y los últimos tres Gobernadores, que el narco se infiltró en la minería, diputados y senadores parecen ajenos al caso y en la minuta de Reforma Laboral este tema podría ser dejado de lado.
Fuentes oficiales informaron que como titular el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Villarreal tenía el control de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) y concedió contratos a las empresas Impulsora JBN y Perforaciones Técnicas Industriales.
A principios de este mes, el periódico Reforma publicó que José Luis Guadiana, hermano del principal promotor de los amparos contra el alza de impuestos derivado de la mega deuda heredada por Humberto Moreira en Coahuila y operador de Andrés Manuel López Obrador, Armando Guadiana, está involucrado supuestamente entre los “narcoempresarios“.
Según información oficial en poder el rotativo, José Luis Guadiana, reconocido empresario en la Región Carbonífera, habría permitido en los últimos años la operación de personas ligadas al crimen organizado en sus propiedades.
Esto ha desatado una guerra de demandas por parte de los empresarios y Humberto Moreira. No obstante, información obtenida por Proceso, revela que mineras de los Guadiana venden unos 400 millones de pesos anuales a la CFE. Entre 2008 y 2011, los empresarios vendieron más de dos mil millones:
1. Minera Zapaliname.- 981 millones.
2. Minera Río Álamo.- 937 millones.
3. Mantos Carboníferos.- 190 millones.
4. Carbón Mexicano.- 167 millones.
5. Comercializadora de Productos Minerales.- 127 millones.
6. Minera 2G.- 51 millones.
7. Minera Génesis.- 12 millones.
8. Minera Dalma.- 11 millones.
9. Combustibles Fósiles.- 40 millones.