La supuesta versión que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aportó a autoridades de justicia en México en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya, a quien señaló de aceptar un soborno en 2014, no sería lo suficientemente sólida, pues incluso sus colaboradores cercanos se habrían negado a respaldarla, según reportó este domingo el Wall Street Journal (WSJ).
El medio estadounidense reveló, según documentos judiciales en su posesión, que dos testigos del exfuncionario implicado en el caso Odebrecht negaron tener conocimiento del testimonio que éste dio a los fiscales que lo investigan.
Sin abundar en el tema, el WSJ reveló que entre los testigos se encontraba la secretaria personal de Emilio Lozoya, quien, según él, corroboraría los datos de cómo Ricardo Anaya habría recibido un soborno del dinero aportado por Odebrecht para que diera su voto de aprobación a la reforma energética ajustada a los intereses de la empresa.
“Ella (la secretaria) entregó la bolsa deportiva (llena de dinero) a su guardaespaldas personal para que a su vez se la entregara a Anaya en el estacionamiento (del Congreso)”, indica el reporte del Journal, sobre la versión que Lozoya habría expuesto, pero que en su momento la mujer se negó en confirmar.
Según la versión de Lozoya, que aportó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Anaya, uno de los guardaespaldas del exfuncionario de Enrique Peña Nieto trasladó una bolsa deportiva negra con 6.8 millones de pesos en efectivo desde su oficina de Pemex hasta el estacionamiento del sótano del Congreso de México, donde esperaba Anaya a quien le fue entregado el paquete.
El Wall Street Journal refiere que, de acuerdo con expertos legales, analistas políticos y observadores de derechos humanos, el caso del gobierno de México contra Ricardo Anaya es débil y parte de una ofensiva más amplia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para utilizar cargos de corrupción contra quienes se interponen en su agenda.
Diego Valadés, ex fiscal general y juez de la Corte Suprema, consultado por el medio estadounidense, coincidió en que “el manejo del … caso me parece bastante extraño e irregular”.
Del mismo modo, Shannon O’Neil, experta en México del Council on Foreign Relations en Nueva York, precisó que la situación que se está gestando en contra de Anaya “es increíblemente preocupante para la democracia de México”.
Este domingo el Wall Street Journal también reveló algunos aspectos de la vida de Ricardo Anaya en Estados Unidos, país en el que se autoexilió, según refirió en agosto pasado, alegando una persecución del gobierno de López Obrador en su contra.
De acuerdo con la versión del WSJ, Ricardo Anaya se encontraría viviendo en la ciudad de Nueva York, en un departamento en el que las únicas dos ventanas que tiene dan vista hacia un muro de ladrillos.
“(Anaya) estaba de pie, en una concurrida calle de la ciudad de Nueva York, esperando que una camioneta de Amazon le entregara un colchón para un pequeño apartamento sin muebles con dos ventanas que daban a una pared de ladrillos. Llevaba gafas oscuras, una mascarilla quirúrgica y una gorra de béisbol azul”, relata el medio estadounidense.
El panista, quien contendió por la presidencia en 2018, ha mantenido la postura de que Andrés Manuel López Obrador lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea aspirante en las elecciones de 2024.
“Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, añadió.
El mes de agosto pasado, Anaya señaló que el expediente de la FGR en su contra fue mal estructurado, “estaba hecho con las patas”, y dijo que lo alteraron ya que antes decía que Lozoya le habían entregado dinero cuando él era diputado el 8 de agosto de 2014.
“Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México”, apuntó Anaya.
El caso de Ricardo Anaya ha comenzado a hacer eco entre medios de Estados Unidos por las presuntas irregularidades que el excandidato presidencial ha señalado en las investigaciones en su contra orquestadas por un gobierno en funciones que lo convertiría en preso político.
El excongresista, de 42 años de edad, enfrenta cargos en México de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, vinculados a un presunto soborno en 2014, que podría llevarlo a prisión por 30 años. Si es declarado culpable, no podrá volver a presentarse a la presidencia, cargo para el cual se le ha visto como el principal rostro de la oposición de López Obrador y su partido, Morena, rumbo a las elecciones de 2024.
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