La nueva Ley de Derechos de Autor es descalificada por ONG´s por censurar contenidos en Internet
La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal para adecuar la legislación mexicana al capítulo de propiedad del T-MEC, con la intención de fortalecer a los derechos de autor y combate a la piratería.
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Creative, Commons México, SocialTIC, Artículo 19, Wikimedia México y Redes por la Diversidad, Equidad y sustentabilidad, manifestaron que estas modificaciones representan una amenaza para los derechos humanos como la libertad de expresión e información.
En dos días, el Congreso aprobó el paquete de estas reformas ante la entrada en vigor del T-MEC, pese a que el acuerdo especifica que a partir del 1 de julio hasta tres años podrían adecuarse y debatirse las leyes nacionales sobre el derecho de autor, innovación industrial, infraestructura de la calidad y al Código Penal Federal, detalló
Diversas organizaciones alertaron sobre censura digital a través del mecanismo “notificación y retirada”, que obliga a los proveedores de servicios de Internet, más no al autor, a remover cualquier contenido publicado por usuarios cuando una persona considere que violan sus derechos de autor.
Igualmente, plantea hasta 10 años de cárcel por eludir candados digitales, por lo que será ilegal reparar dispositivos personales y hacer capturas de pantalla.
El mecanismo “notificación y retirada” ya ha sido utilizado para eliminar contenidos e información de interés público, lo cual atenta contra el derecho a la libertad de expresión de quien lo comparte y de quienes divulguen datos sobre hechos relevantes en una sociedad democrática.
“El artículo 114 de la Ley Federal de Derecho de Autor establece la obligación de parte de los proveedores de Internet de establecer filtros automáticos para identificar y censurar contenidos en Internet potencialmente violatorios a derecho de autor, lo que es riesgosos porque no es una evaluación que pueda hacerse de forma automatizada”, resaltó el director de R3D, Fernando García.
Las organizaciones coinciden en que estos obstáculos al libre flujo informativo son regresivos, innecesarios y desproporcionados y hasta inconstitucionales desde una perspectiva integral de los derechos humanos.
García señaló que el tratado no obliga a México a aprobar estas reformas apresuradamente como se hizo, sino que se otorgan tres años debatir e implementar estas leyes, por lo que impugnarán la reforma frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de violación a la libertad de expresión.
Mientras tanto en México