El pasado 23 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los gobernadores de los estados, convocándolos a suscribir un Acuerdo Nacional por la Democracia que, en su parte medular, pretende comprometerlos a respetar la Ley Electoral y a no incurrir ni consentir conductas fraudulentas.
En principio, la carta tiene solo un sentido político porque los gobernantes están obligados a obedecer la ley, de hecho, cada vez que los políticos hablan de estado de derecho, pues se trata de eso, que cumplir ellos con lo que les corresponde conforme a la ley y, naturalmente, la ley prohíbe las conductas enlistadas en la misiva presidencial.
En los siguientes días, la respuesta de los gobernadores y la jefa de gobierno, permitió observar de manera colateral al asunto del Acuerdo, más o menos, cómo están agrupados los mandatarios estatales.
El primer gobernador en adherirse a la carta presidencial fue el priísta de Tlaxcala, Marco Mena. Es un caso interesante porque se trata de uno de los estados donde Morena puede ganar con su candidata, Lorena Cuéllar, pariente política del gobernador en un estado donde se supone una alianza de hecho entre la autonombrada Cuarta Transformación y el saliente gobierno estatal priísta que de plano se adelantó en su buenos oficios hasta a los mandatarios morenistas.
Luego, siguió el priísta hidalguense Omar Fayad, quien ha construido una buena relación con la llamada Cuarta Transformación en atención, entre otras cosas, a que aun siendo priísta es ajeno y aun adversario del grupo político de Miguel Ángel Osorio Chong y de Jesús Murillo Karam, ambos bajo la lupa de las pesquisas anticorrupción que tienen por consecuencia indirecta asentar el liderazgo de Fayad que se ha desmarcado de los gobernadores beligerantes como también lo han hecho otros más cercanos a López Obrador como el oaxaqueño, Alejandro Murat, que también se adhirió a la convocatoria.
Pero sin duda, fueron los 10 gobernadores de oposición agrupados en la llamada Alianza Federalista de Gobernadores, los que más llamaron la atención por su respuesta, aceptando el Acuerdo pero condicionado al retiro de los “Servidores de la Nación” del Plan de Vacunación.
A ellos siguió, cinco días después desde el llamado presidencial, el grupo de gobernadores morenistas, con la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum a la cabeza, en una respuesta tardía que, evidentemente, calculó salir después del los gobernadores de la Alianza.
Hasta la mañana del lunes 1 de marzo, faltaban Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Carlos Miguel Aysa, de Campeche; Héctor Astudillo, de Guerrero; Carlos Joaquín, de Quintana Roo; Quirino Ordaz de Sinaloa; Claudia Pavlovich, de Sonora y, Mauricio Vila, de Yucatán. Se trata de los gobernadores desperdigados y sin bloque claro.
El presidente López Obrador confió en que pronto terminen de adherirse y, lo cierto es que aun con la ociosidad legal del documento —repleto de citas de Francisco I Madero— hay una serie de aspectos relevantes que se podrían sintetizar en lo siguiente:
El presidente está reiterando, con la cita histórica de Madero, que será Guardián de las elecciones, un asunto que ya en su momento provocó uno de los muchos desencuentros con el Instituto Nacional Electoral, que por definición tiene esa tarea.
Pero el mensaje incluyó al INE pues para evitar controversia, López Obrador reconoce la institucionalidad electoral apenas iniciada la redacción de la misiva ampliándola al Tribunal Electoral y a la fiscalía especial en la materia..
Aunque su posición de guardián parece ambigua —puesto que el único marco legal para que lo sea es el del deber de todo servidor público de denunciar prácticas ilegales de las que se de cuenta y, en el amplio espectro de posibilidades en materia electoral— lo que está diciendo es que hará valer esa obligación poniendo especial cuidado a través de la estructura del gobierno federal, en lo que hagan los gobiernos de los estados.
Y finalmente, el mensaje más relevante es que hoy, los delitos electorales son graves, así que prácticamente los está amenazando de proceder si incurren en delitos y para prueba de eso, el mismo día, la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero de un gobernador en funciones. Luego, el mensaje presidencial se torna poderosa advertencia.
La respuesta de los aliancistas no le gustó al presidente, quizás como él mismo ha dicho en otros casos, no le gustaron los moditos.
Y es que, los aliancistas reviraron en un talón de Aquiles de la administración como es el hecho ya enunciado de que los antiguos operadores de Morena, convertidos hoy en empleados gubernamentales como parte de la estructura de los llamados Servidores de la Nación, salgan del plan de vacunación para que no exista riesgo de injerencia electoral.
Ahora bien. El presidente López Obrador no está dispuesto a dejar de hablar de elecciones, ni de partidos de oposición y de legalidad electoral pese a las irregularidades propias. Hasta ahora eso le ha dado resultado, entre otras cosas, porque sigue marcando el ritmo al que todos deben de bailar aun cuando decididamente es clara, así sea discursivamente, la inequidad en la contienda.
(https://notassinpauta.com/2021/03/02/de-que-va-el-acuerdo-por-la-democracia/?fbclid=IwAR21FBbTU-O0q1rnQCc_EVDL9MBrv-3yoBo-7OjklRhppWl_yb8U6eYy_9M).