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Dan 31 años de cárcel a directora del Rébsamen; apelará sentencia

Javier Rodríguez - Miren Eso - 15/10/2020

La declaran culpable de la muerte de 26 personas durante el sismo del 19S.

La primera sentencia por el caso Rébsamen se dio ayer contra Mónica García Villegas, directora y dueña del colegio, a quien se le impuso una pena de 31 años de prisión y el pago de 11.5 millones de pesos por los delitos de homicidio culposo en agravio de 26 personas y responsabilidad de obra.

En su última intervención en la audiencia de individualización de pena, la maestra dijo a los padres de los 19 niños y familiares de los siete adultos que fallecieron al colapsar el inmueble durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 (19S), que no tenía por qué ofrecer perdón, porque soy inocente.

Su abogado, Rosendo Gómez Hernández, dijo que a más tardar el viernes 23 apelará de la resolución del tribunal de enjuiciamiento; mientras, padres de familia exigieron que se actúe contra los funcionarios de la delegación Tlalpan que también tuvieron responsabilidad.

Al término de la audiencia, que se prolongó ocho horas, el asesor jurídico de la Fundación Barra Mexicana de Abogados, Fernando Castillo Vega, precisó que el monto mínimo fijado por cada víctima fue de 402 mil pesos.

Con ello se dejaron a salvo los derechos de las víctimas, los cuales en la etapa de ejecución se harán valer y podrían actualizarse al alza, dijo, al señalar que, al igual que los padres de familia que representamos, estamos satisfechos con este fallo.

Alejandro Jurado y Óscar Vargas, padres de dos niños que fallecieron en el colegio y son representados por el despacho Fuentes León, expresaron que están satisfechos con el fallo porque sienta el precedente de que no quedó impune, como en el ABC.

Hay más culpables

Después de tres años, destacaron, se hizo justicia, pero faltan tres directores responsables de obra: Juan Mario Velarde Gámez y Juan Apolinar Torales Iniesta, que están detenidos, y Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quien sigue prófugo.

Así como varios funcionarios de la delegación Tlalpan que le ayudaron a sostener su negocio, como el director de Protección Civil, César Hernández, quien está libre e impune, señalaron, al aclarar que no buscaban un beneficio económico.

El abogado de García Villegas detalló que el tribunal de enjuiciamiento fijó una sentencia de 31 años, 27 por el delito de homicidio culposo y cuatro por la responsabilidad de obra, la reparación de daño a cada familiar por 402 mil pesos, un millón de pesos para gastos terapéuticos y 70 mil pesos de multa por el delito de responsabilidad de obra, lo cual vamos a apelar ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues ha habido una persecución contra mi representada.

Comentó que la simple presencia de la subprocuradora de Procesos, Alicia Rosas Rubí, en la audiencia, donde se determinó su culpabilidad, y en esta sentencia, fue una forma de presionar a los jueces.

El plazo para apelar es de 10 días, pero (mi defendida) está tranquila, pues sabe que es inocente, lo tomó fuerte, decidida y convencida de que con buenos argumentos va a salir, aunque la sentencia de 31años no fue bien aceptada por algunas víctimas indirectas, señaló.

El próximo miércoles se realizará la audiencia de explicación de sentencia, dijo, y aclaró que la maestra manifestó su pésame a los padres y familiares de las víctimas, pero no pidió perdón porque sería como aceptar su culpabilidad, cuando es inocente.

Los 11.5 millones de pesos no son definitivos y se buscarían los medios para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas supla algunas deficiencias de no tener los recursos económicos para enfrentar la condena, indicó.

Además, habrá que esperar el resultado de los casos de los directores responsables de obra, porque no se puede pagar más de una vez una reparación del daño y tendrá que definirse el monto a cubrir por cada uno de los involucrados en el caso, puntualizó.

Por la noche, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que apelará de la sentencia, al considerar que debe ser mayor, ya que se demostró que la mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta era indebida, no respetó las normas de construcción, lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa.

La Jornada

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