(La fuerza bruta contra el derecho y la razón).
EL CONTEXTO
La lucha que desde hace más de 10 años ha sostenido la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila por el rescate de las Instituciones de Seguridad Social del magisterio estatal, a saber: Dirección de Pensiones (DIPETRE), Instituto de Servicio Médico, Fondo de la Vivienda y Seguro del Maestro, instituciones que debido a la corrupción y la irresponsabilidad gubernamental y sindical, particularmente en los últimos 15 años, padecen una grave crisis caracterizada por gran cantidad de carencias y deficiencias en la prestación de servicios, irregularidades administrativas, inadecuados manejos de recursos, fraudes y recurrentes retrasos en las aportaciones patronales, todo ello con la complicidad o complacencia de gobernantes, administradores, funcionarios de la UAdeC, la UAAAN y dirigentes sindicales del SNTE nacional y la sección local, la 38, cuyo control mantiene Carlos Moreira, impuesto ahí primero por Elba Esther Gordillo desde hace 14 años, protegido luego por Juan Díaz de la Torre y actualmente por el dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas.
LOS ANTECEDENTES
DICIEMBRE DE 2017.
Con el respaldo de Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de México, Miguel Ángel Riquelme Solís toma posesión como Gobernador, en el marco de un gran repudio popular por las fuertes evidencias de fraude electoral, que finalmente fueron ignoradas por el INE y el Tribunal Federal Electoral.
2018
Riquelme Solís continúa la línea de su antecesor, Rubén Moreira: evade su responsabilidad para resolver la problemática, mantiene el contubernio con la dirigencia del SNTE y endurece su posición y trato represor contra el movimiento magisterial: la noche del 26 de septiembre de ese año, ordena el desalojo violento de los maestros que pacíficamente permanecíamos en el Congreso del Estado, en protesta por la injusta Ley del Servicio Médico que la mayoría priísta habría de imponer días después. No conforme con haber recurrido al uso de la fuerza policial para el desalojo, a través de la Fiscalía del Estado implementó toda suerte de argucias para criminalizar la protesta acusándonos de motín a varios de los coordinadores de la Coalición. Afortunadamente una gran protesta del magisterio y la sociedad civil impidió que fuésemos consignados y apresados, como era su intención, para amedrentar y disgregar el movimiento. Sin pruebas del delito, la investigación judicial no pudo avanzar.
2019-2020
Luego de aquel acto represor, la Coalición se reorganizó y enfocó su estrategia de lucha por la vía jurídica, mediante la cual se obtuvieron varios amparos contra la infame Ley de Riquelme. Además, con la colaboración de la CNDH y de diputados locales del PAN, UDC y MORENA, se promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Acción de Inconstitucionalidad contra aquella Ley.
2020. MAYO 25
Luego de un año y medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, por UNANIMIDAD, una RESOLUCIÓN HISTÓRICA: declaró inconstitucionales todos los artículos de la Ley Riquelme que establecían costos extraordinarios y obligaban a su pago por parte de los derechohabientes para poder recibir servicios médicos. Enfurecido, pero obligado por la Corte, Riquelme tuvo que ordenar la eliminación, en su Ley, de todos los artículos declarados inconstitucionales. En venganza contra el magisterio, endureció aún más su renuencia a resolver los problemas.
2020-2021
En estos últimos años las deficiencias en los servicios médicos se han incrementado, la carencia de medicamentos, de equipo y material técnico ha ido en aumento, al grado de que ya ni siquiera se cuenta con servicios de rayos x, laboratorio, no hay médicos generales suficientes para dar consultas generales ni médicos especialistas. La subrogación de servicios se ha vuelto un tormentoso viacrucis para los pacientes, al punto que los derechohabientes desisten de acudir a las clínicas del magisterio y se ven obligados a pagar por su cuenta la atención en clínicas particulares y la compra de medicamentos en farmacias comerciales. Varios medios locales han dado cuenta del pésimo estado de las instalaciones y equipos de las clínicas que, literal, se están derrumbando.
Por otra parte ha crecido la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones por las crecientes deudas patronales, prevalece la falta de créditos para adquisición de vivienda y la falta de pago, desde hace 6 años, de pólizas de seguros de vida y retiro a 600 pensionados, o de defunción a familiares de los fallecidos.
3 DE MAYO DE 2021
Sin atención a todos estos problemas y luego de reiterados oficios requiriendo al Gobernador darles solución, el 3 de mayo de este año se instaló en la Plaza de Armas de Saltillo el denominado Plantón de la Dignidad Magisterial, que recibió la solidaridad de la ciudadanía, organizaciones civiles, defensoras y defensores de derechos humanos, diputadas y diputados locales de oposición, legisladores federales, representantes de iglesias y agrupaciones religiosas. Varios medios locales y nacionales dieron cuenta de la situación y han seguido publicando frecuentes notas con la descripción de la problemática.
28 DE JULIO DE 2021
Finalmente, después de varias acciones de presión, en el día 87 del plantón, el Gobernador recibió a una comisión de integrantes de la Coalición. Reunidos en su despacho, con los Secretarios de Gobierno y de Educación como testigos, reconoció la legitimidad de nuestras demandas y la necesidad de atender la problemática, se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su ámbito de competencia para, dijo textual, “transitar hacia la solución”, ordenó la instalación de las mesas técnicas y designó a Fernando de las Fuentes, Secretario de Gobierno, para coordinarlas.
La próxima semana comentaremos lo sucedido en las mesas, la tregua, los contados casos resueltos, el repentino cambio y abandono del diálogo por parte del Gobierno, la tensión previa al 14 de septiembre y finalmente la estocada de Miguel Riquelme contra la Coalición.