Si alguien quiere saber de dictaduras, que venga a Coahuila. Para muestra un botón:
El 3 de mayo de 2021, la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila instaló un Plantón pacífico en la Plaza de Armas de Saltillo, para exigir solución a la problemática de seguridad social que aqueja a los trabajadores y pensionados de la Secretaría de Educación Estatal, de la UA de C y de la UAAAN. Después de 135 días, la madrugada del 14 de septiembre, el Gobernador Miguel Riquelme ordenó el desalojo violento del campamento magisterial, ejecutado por elementos de diversas corporaciones policiacas, principalmente del municipio de Saltillo, que fueron enviadas por el entonces Alcalde, Manolo Jiménez.
Desde entonces, Riquelme persiste en evadir su responsabilidad, reprimir y criminalizar el movimiento magisterial; en lugar de dar solución a la crisis ha extendido su prepotente acción represiva contra la ciudadanía en general, al bloquear e impedir todo acceso a la Plaza de Armas, principal espacio de encuentro, convivencia y expresión de la libertad, imponiendo así un verdadero estado de sitio y violando derechos humanos como el ejercicio de manifestación, de expresión y de libre tránsito de los coahuilenses.
No conforme con impedir todo acceso a las cercanías del Palacio de Gobierno, ha seguido cometiendo abusos propios de un dictador, como la acción prepotente que ordenó el 9 de mayo de este 2022, cuando elementos policiacos retiraron de la Plaza de Armas todas las mantas y pancartas con leyendas alusivas a demandas sociales presentadas por diversas agrupaciones y colectivos defensores de derechos humanos, sociales y laborales.
Este miércoles 14 de septiembre, la Coalición realizará una manifestación, la cual se llevará a cabo en plena calle, en el cruce de Juárez e Hidalgo, porque la Plaza de Armas ha sido bloqueada nuevamente en su totalidad.
Además de reiterar el repudio a los actos represivos de Miguel Riquelme, una vez más las exigencias al Gobierno y a las Universidades por parte de los trabajadores y pensionados, serán las mismas que se vienen planteando desde hace más de 11 años en esta lucha por la defensa de la seguridad social:
– Atención médica integral, completa y de calidad para 48 mil derechohabientes afectados.
– Pago de los adeudos de más de $4,500 millones por parte del Gobierno de Coahuila, la UAdeC y la UAAAN al fondo de Pensiones.
– Pago de los adeudos de más de $600 millones por parte de Gobierno de Coahuila, UAdeC, UAAAN, Fondo de la Vivienda y Seguro del maestro al Instituto del Servicio Médico.
– Pago de los adeudos de más de $89 millones del Seguro y Retiro a 600 pensionados y el pago de las pólizas de defunción a los deudos de los fallecidos.
– Resultados de las “investigaciones realizadas” por el Gobierno del Estado sobre las denuncias presentadas por la ASE, relativas a delitos contra las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación y restitución del daño por más de $1,300 millones.
– Auditorías a las Cuentas Individuales y el establecimiento de un sistema de transparencia e información que dé certeza a los trabajadores activos sobre del estado de sus ahorros para el retiro.
– Apoyos y préstamos para adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda, aspecto gravemente desatendido, derivado de la carencia provocada por irregularidades administrativas y desvíos de recursos en el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de la Educación (FOVI), como también lo ha documentado la Auditoría Superior del Estado (ASE).
– Auditorías a los Salones, Casas y Centros Recreativos administrados por el FOVI y el Seguro de los Trabajadores de la Educación; que el Gobierno asuma el financiamiento para la operación de aquellos espacios y se deslinde a estas instituciones de esa responsabilidad, para que se enfoquen al cumplimiento de su objeto social.
En síntesis: solución, no represión. No más corrupción, no más impunidad, no más ineficiencia.