En un juicio de amparo para impedir la separación de su cango por presuntos actos de corrupción, la jueza Carlota Yadira Vázquez de Luna advierte que la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miriam Cárdenas Cantú, estaría impedida legalmente para ocupar el puesto.
En el recurso presentado en el Juzgado Segundo de Distrito de Coahuila, Vázquez de Luna expone que, con base en la Constitución, Cárdenas Cantú debió renunciar completamente a su cargo de Magistrada para ocupar una diputación federal de 2012 a 2015.
Sin embargo, un día después de dejar la Legislatura, el 16 de febrero de 2015, Cárdenas Cantú se reintegró a su puesto de Magistrada y 10 meses después, en diciembre de ese año, fue designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
“La Magistrada Miriam Cárdenas Cantú no reúne los requisitos del cargo que ocupa, por ende, todo lo actuado con posterioridad a su reincorporación y posterior designación como Magistrada Presidenta, carece de validez”, dice el juicio de amparo 18/2019.
“Su nombramiento de Magistrada está afectado de nulidad de pleno derecho y, por ende, su designación como presidenta de poder”.
Tanto la Carta Magna como la Constitución Política de Coahuila señalan que los cargos de Diputado federal y de Magistrado del Poder son incompatibles, lo que obligaba a Cárdenas Cantú a renunciar a su cargo de Magistrada o de Diputada, pero mantuvo ambos.
Cárdenas Cantú conservó su cargo de Magistrada mediante una licencia de tres años emitida por el Congreso de Coahuila en el decreto 282 del año 2013 “El Poder Legislativo, al momento de otorgar licencias a los Magistrados, está limitado a la ley, que permite solo una licencia por hasta seis meses en un año. Al no presentarse a laborar al vencimiento de su primer licencia se actualiza la pérdida de encargo en los términos de la ley”, dice la demanda.
“El Congreso autorizó una licencia sin fecha de vencimiento, señalando que sería por el tiempo que se desempeñara como Diputada federal, rebasando términos y su funcionario judicial”.
En el juicio de amparo, la demandante señala que junto con el incumplimiento de la ley, existe dolo de Cárdenas Cantú, quien sabía que violaba las disposiciones legales para mantener su cargo en el Poder Judicial y que no cumplía con los requisitos para presidir el Supremo Tribunal de Justicia.
“Su nombramiento tiene una cuestión de invalidez que afecta su legitimación como titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura y por ende, anula todas sus resoluciones, por ser una autoridad constituida ilegalmente”, indica.
A raíz de unos audios difundidos en redes sociales, donde habría arreglos extrajudiciales con ministerios públicos, el Consejo de la Judicatura separó del cargo a la Jueza a principios de año. En su defensa tramitó un juicio de amparo.
Grupo Reforma